Bajo el argumento de "no atender la salud pública", las organizaciones Alcohol Justice y la Alianza de Políticas de Alcohol de California (CAPA) denunciaron al gobernador Gavin Newsom en el cierre de la sesión legislativa. A pesar de una estadística alarmante que señala un aumento del 20% en las muertes relacionadas con el alcohol desde 2019, el dirigente político -según estas instituciones- continúa respaldando legislaciones que favorecen a la industria del alcohol.
Cruz Avila, director ejecutivo de Alcohol Justice, fue una de las banderas de la oposición y expresó su frustración ante la desestimación de recomendaciones basadas en evidencia por parte de la legislatura y el gobernador. “Al aprobar estos proyectos de ley, el estado enfrentará un aumento en los daños relacionados con el alcohol. Es fundamental que se prioricen las políticas que protegen a la población”, afirmó.
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Durante esta sesión, el gobernador vetó 183 proyectos de ley, lo que representa el 18% de los que recibió. Sin embargo, ninguno de estos vetos correspondió a legislaciones relacionadas con el alcohol. Este enfoque ha sido motivo de preocupación para los defensores de la salud pública.
Varios proyectos
Entre los proyectos de ley más cuestionados se encuentra el SB 969, introducido por el senador Scott Wiener. Este proyecto permite que los bares vendan cócteles en la calle sin regulaciones, lo que podría convertir áreas urbanas en “zonas de fiesta” descontroladas y generar un entorno similar al de Bourbon Street en Nueva Orleans.
Otro proyecto, el AB 3206, patrocinado por la asambleísta Tina McKinnor, extiende el horario de venta de alcohol en un estadio de básquet. Esta medida, dirigida a un segmento adinerado de la población, plantea preocupaciones sobre el aumento de incidentes de conducción ebria en la comunidad de Inglewood.
A pesar de estos desarrollos negativos, Alcohol Justice y CAPA lograron influir en algunas legislaciones a favor de la salud pública. Los proyectos AB 2375, AB 2389 y AB 2402, que buscan prevenir la adulteración de bebidas, fueron apoyados por ambas organizaciones y representan un avance en la protección de los consumidores en bares y restaurantes.
En su informe sobre la legislación del año, Alcohol Justice documentó que, de los proyectos que apoyaron, tres fueron aprobados, mientras que ocho de aquellos a los que se opusieron fueron derrotados. Por su parte, CAPA reportó un mayor éxito con tres leyes aprobadas y dos derrotadas.
Las organizaciones identificaron varios proyectos de ley preocupantes, entre ellos el AB 2094, que amplía la publicidad de alcohol en universidades, lo que podría exponer a estudiantes menores de edad a mensajes de marketing perjudiciales. También está el AB 2589, que facilitaría la concesión de licencias de alcohol en áreas ya saturadas, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Con la inminente implementación de "zonas de fiesta" en San Francisco, Alcohol Justice y CAPA están preparando recursos para ayudar a los defensores locales a oponerse a estas medidas. Según Carson Benowitz-Fredericks, director de investigación de Alcohol Justice, es crucial que las comunidades se unan para proteger sus intereses.
“Muchas personas no son conscientes de las decisiones que se toman en Sacramento, que pueden llevar a un aumento de la violencia y poner en peligro a sus comunidades. Necesitamos movilizarnos para defender nuestras protecciones existentes”, indicó Benowitz-Fredericks.