Cuatro días después de dejar Singapur con una amonestación por parte de las autoridades locales, el valencianista Dani Cuesta ha vuelto a la carga contra el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, y la ciudad-estado asiática y ha denunciado "el abuso de poder y la injusticia" sufridos durante seis días, en los que notó el aliento de todos los mensajes de apoyo.
"Si alguien pensaba que este club estaba muerto, sólo hay que ver cómo ha reaccionado la gente ante este abuso de poder y esta injusticia tan grande que hemos pasado", aseguró en su cuenta de X el aficionado valenciano, que pasó retenido en un hotel seis días junto a su pareja por grabarse mientras pegaba una pegatina con el lema 'Lim Out' en una de las múltiples propiedades de Lim.
Esa pesadilla duró seis días, los mismos que la policía singapurense tardó en liberar a Dani y a su pareja Mireia, de luna de miel, y notificarles una amonestación después de que Dani publicara cómo pegaba una pegatina en un hotel propiedad del magnate singapurense.
Dani Cuesta aprovechó su mensaje para pedir disculpas a las personas "muy importantes" en su vida a las que ha podido hacer daño, aunque también agradeció "a todos y a cada uno de vosotros por el apoyo mostrado estos días tan difíciles", sobre todo a Libertad VCF por estar "desde el minuto 1 junto a mí".
El mal sueño para la pareja había empezado el viernes 4, cuando Dani y Mireia quisieron embarcar en el aeropuerto para seguir con su luna de miel en Bali, pero no pudieron porque dos agentes de seguridad les exigieron que volvieran al hotel, donde se les requisaron los pasaportes.
La investigación duró seis días en la que la pareja, investigada por participar en una reunión pública, no podía salir de Singapur y estaba retenida en el hotel en el que habían pasado las anteriores noches porque la policía se encontraba investigando ese vídeo y las fotos publicadas por Dani frente al Marina Bay Sands y otros lugares de la ciudad con el cartel 'Lim Go Home'.
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La pareja estaba siendo investigada por una manifestación sin previo aviso, un delito recogido con una pena de hasta 3.000 dólares singapurenses en el país asiático, aunque la mediación de la Embajada española en Singapur y de la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana sirvieron para que todo ello quedara en nada.